Tres congresistas cubanoamericanos han prometido abogar por los inmigrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que recibieron el viernes con consternación la noticia sobre la cancelación del programa de parole humanitario con el que llegaron a Estados Unidos de manera legal.
El parole humanitario implementado en enero de 2023 otorgó un permiso de entrada temporal a Estados Unidos, no una residencia permanente, a más de medio millón de personas respaldadas por un patrocinador en Estados Unidos. También les otorgó la posibilidad de solicitar un Documento de Autorización de Empleo (EAD).
Tras el fallo de la Corte Suprema, que permitió al gobierno del presidente Donald Trump revocar este mecanismo, los legisladores republicanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez manifestaron el compromiso de gestionar una vía que asegure un estatus legal a estas personas, admitidas en los últimos años en las comunidades que ellos representan.
"Estamos trabajando activamente con la Administración Trump para presentar el caso a favor y encontrar una solución permanente para los ciudadanos cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que han huido de crisis políticas y no pueden regresar a sus países de origen debido a temores de persecución", escribió Díaz-Balart.
"Nos enorgullece representar a algunas de las comunidades más numerosas de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, y no dejaremos de abogar por ellos", aseguró el congresista.
Las organizaciones de defensa de los migrantes han criticado duramente la decisión del Supremo, que impacta por igual a los inmigrantes y a las familias que los reclamaron con el parole humanitario. En el caso de los venezolanos, también se vieron afectados por la reciente cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS).
El pronunciamiento de los congresistas de la Florida respalda la política de seguridad fronteriza impulsada por Trump y responsabiliza a la Administración Biden por la crisis en la frontera.
Carlos Giménez dijo que "la fallida política de fronteras abiertas de la administración Biden permitió que miles de criminales y miembros de pandillas ingresaran a nuestro país, dejándonos con el desorden por limpiar. Sin embargo, muchas personas bajo programas de protección, como TPS y CHNV, son miembros trabajadores de nuestras comunidades que merecen nuestro apoyo y protección".
El cubanoamericano señaló: "La decisión de la Corte Suprema es la ley del país y debemos respetarla. Estoy comprometido a trabajar con la administración Trump para garantizar que protejamos a quienes contribuyen a nuestras comunidades y siguen la ley".
En tanto Salazar, también instó a respetar el veredicto del Supremo pero señaló que no se puede ignorar el costo humano.
"Hay una verdad innegable: estos migrantes ingresaron legalmente a Estados Unidos, confiando en las promesas vacías de la administración Biden", escribió.
"Estas personas huyen de regímenes brutales y condiciones que amenazan sus vidas. Por eso, insto a la administración a que utilice su autoridad ejecutiva y conceda la Salida Forzosa Diferida (DED), para evitar que sean enviados de regreso a la violencia y la represión", propuso la legisladora.
El fallo de la Corte Suprema se fundamenta en la discreción del Secretario de Seguridad Nacional para conceder permisos de residencia temporal a extranjeros en casos de necesidad humanitaria o beneficio público significativo, como se establece en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Esta discreción permite al gobierno federal, a través de la USCIS, evaluar individualmente cada caso y decidir si otorga o no el parole.
El fallo del viernes afecta a los cubanos que no han cumplido el plazo de un año y un día de residencia para poder acogerse a la Ley de Ajuste Cubano (CAA).
Los expertos recomiendan que exploren otros caminos legales, como la solicitud de asilo o residencia.
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