El régimen de La Habana anunció sanciones extremas, que llegan a la pena de muerte o cadena perpetua, para quienes dañen bienes estratégicos y causen afectaciones a la "seguridad colectiva".
Entre los llamados "hechos vandálicos" a los que hacen referencia en la nueva dispocisión están las afectaciones "a los medios de transporte público, la sustracción de componentes de las líneas férreas y de partes y piezas de locomotoras, así como la contaminación de sus depósitos de combustible, además de la ocurrencia de acciones similares contra grupos electrógenos y parques fotovoltaicos que forman parte del Sistema Electroenergético Nacional; y también contra la infraestructura y los servicios de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación".
Maricela Sosa Ravelo, la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, anunció en la televisión nacional que el Consejo de Gobierno determinó interpretar que estas conductas constituyen un delito de sabotaje.
La jueza argumentó que este delito protege "el buen uso, el funcionamiento de todos los bienes públicos y también de las instituciones del Estado, del gobierno".
"El delito de sabotaje, en su artículo 125, prevé sanciones de 7 a 15 años de privación de libertad, prevé incluso figuras agravadas en el artículo 126, que es cuando se puedan poner en peligro la vida de las personas, se causen lesiones graves o se cause un daño a la seguridad colectiva, incurran en sanciones de 10 a 30 años de privación de libertad, sanción perpetua de libertad o incluso la sanción de muerte, cuando se demuestre con las pruebas en el acto de juicio oral que la persona, que está sujeta como acusado, ha realizado actos de la naturaleza que hemos descrito, esos hechos constituyen un delito de sabotaje", explicó Sosa Ravelo.
Desde febrero, funcionarios de la Unión Eléctrica (UNE) y del Ministerio del Interior (MININT) advirtieron que el robo de recursos eléctricos sería castigado con penas severas, incluyendo la tipificación de sabotaje.
El nuevo Código Penal, aprobado en 2022, mantiene la pena de muerte para 24 delitos, incluidos 14 relacionados con la seguridad del Estado, ocho específicos de terrorismo, uno contra la salud pública (drogas) y el asesinato.
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